La semana pasada se llevó un magno evento en Oaxaca convocado la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), en donde gobierno e iniciativa privada llegaron a un acuerdo mediante el cual la administración del presidente López Obrador se comprometió a generar las condiciones necesarias para que el sector privado, representado tanto por la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Nacional Agropecuario, lleven a cabo grandes inversiones en el Sur-Sureste del país.
En este acto, en donde estuvieron presentes 10 gobernadores de la región, dentro de los cuales estuvo el coordinador de la zona Sur-Sureste de la CONAGO, Alejandro Murat (gobernador de Oaxaca), así como el gobernador de Guanajuato, incluyendo a miembros de la academia, el gobierno suscribió con ellos y con los organismos empresariales enunciados, acuerdos firmes para: 1) apoyar a la microempresa y el emprendimiento surgido desde la base de la sociedad, 2) realizar proyectos estratégicos impulsados por el Estado, 3) facilitar la inversión privada mediante la simplificación de los trámites fiscales, la no creación de impuestos nuevos ni el aumento de los actuales y la observación de un estado de derecho y 4) atraer la inversión extranjera. En ese acto CONCAMIN se comprometió a que sus agremiados participarán en desarrollar inversiones en la región Sur-Sureste de México.
Lo importante de este acuerdo es que, parece ser, que el gobierno finalmente ha comprendido que no puede haber desarrollo en el país sin la participación principal de las inversiones del sector privado en la economía.
Este acuerdo genera la esperanza de que el gobierno desarrolle una auténtica política de fomento a la economía, no aumentando impuestos, resolviendo el complicadísimo entramado de la tramitología en la que los inversionistas se ven enredados, perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Pero, sobre todo, hay que considerar que los inversionistas incurren en grandes pérdidas por el hecho de no tener un claro Estado de derecho que hace que las actividades que se deben de llevar a cabo como producto de las inversiones se vean interrumpidas por la falta de aplicación cabal de las normas de todo tipo que impactan negativamente a las mismas.
El gobierno hizo el compromiso de desarrollar la zona del Istmo de Tehuantepec para completar el antiguo proyecto de Porfirio Díaz de establecer un polo de desarrollo entre los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, estableciendo en esa área una Zona Libre que le daría un gran impulso a la región, aprovechando las oportunidades que representan las economías del corredor Transpacífico.
Tenemos indicaciones de que el gobierno está considerando reiniciar las rondas para la exploración y extracción de hidrocarburos, con una firme convicción de que para acabar con la pobreza es necesario generar riqueza ya que ésta principalmente se crea con la inversión privada que genera empleo, y sobre todo, desarrolla otras empresas medianas y pequeñas, que apoyan el desarrollo de las grandes inversiones que generan aún más empleos.
La semana pasada en esta misma Columna escribí que México no se puede sustraer de la nueva realidad económica mundial que pone a nuestro país dentro del gran polo económico de América del Norte, es por ello, que este Pacto de Oaxaca abre la gran esperanza de que la administración de López Obrador se aplique en establecer en nuestro país las condiciones de seguridad y certeza jurídica, así como el entramado normativo que promueva el desarrollo del país.
Aunque este pacto está enfocado al Sur-Sureste del país, una iniciativa como esta no se circunscribe exclusivamente a dicha zona (salvo las particularidades de inversión que realizará el gobierno federal y las empresas productivas del estado en la misma), ya que con un régimen normativo sencillo para el desarrollo de negocios, el respeto del Estado de Derecho y el compromiso de no aumentar impuestos, así como la reapertura a la inversión privada en materia de energía, generarán para todo el país las condiciones necesarias para el desarrollo que todos deseamos.
Ojalá que este acto llevado a cabo en Oaxaca no quede como un evento más de protocolo político y el gobierno luego actúe siguiendo intereses que no vayan acordes con el compromiso suscrito. Yo tengo esperanza de que esta gran oportunidad se convierta en una realidad para beneficio de todos.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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