Los políticos hablan constantemente del concepto de Gobierno Abierto y de Parlamento Abierto, pero, por desgracia, cuando realmente saben y se enfrentan a la realidad de lo que estos conceptos significan, casi ninguno lo aplica.
El concepto de Gobierno Abierto deriva de la teoría de la sociedad abierta, desarrollada inicialmente por Henri-Louis Bergson y luego ampliada por Karl Popper y Bertrand Russell. Se basan en la propuesta de gobiernos tolerantes, transparentes, abiertos a la crítica ciudadana, que son flexibles y dispuestos al cambio y a la alternancia por la vía democrática. Estos gobiernos se contraponen a los gobiernos cerrados, opacos, intolerantes y duros, que no se ajustan a los cambios y son sucedidos muchas veces por golpes de estado y movimientos revolucionarios violentos.
Cuando Barak Obama gana las elecciones en Estados Unidos, inicia un movimiento mundial de Gobierno Abierto, fundándose en el Open Government Partnership (“OGP o Alianza para el Gobierno Abierto o AGA”), basándose en las tecnologías de la información existentes que permiten al ciudadano comunicarse directamente con los servidores públicos para tener una relación bidireccional para el desarrollo de mejores servicios públicos, así como superar la eficiencia de las actividades de gobierno con la constante retroalimentación del ciudadano al gobierno.
El Gobierno Abierto se puede visualizar como un nuevo sistema gubernamental que, bajo los conceptos modernos de logro de la eficiencia, se pueden finalmente romper los paradigmas clásicos de que la burocracia se convierte en una lacra dentro del gobierno, que se dedica a complicar los procesos para auto justificarse y permanecer como un oculto poder que trasciende a los partidos políticos, ideologías y grupos formales e informales de poder.
México es miembro fundador de la OGP, pero sus avances en Gobierno Abierto realmente son paupérrimos. Recientemente asistí al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (“INAI”), a la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, y, en pocas palabras, la impresión que me llevé después de acudir a dicha Cumbre, es la existencia del gran fracaso del concepto de Gobierno Abierto que tenemos en México. Los supuestos resultados obtenidos no son mas que meros vestidos de un cuerpo sin forma y sin espíritu de lo que realmente significa el Gobierno Abierto.
En mi estado de Chihuahua, tuvimos realmente una gran esperanza de tener un Gobierno Abierto, porque es la única entidad federativa que tiene orgánicamente una Coordinación de Gobierno Abierto, pero por desgracia, una buena intención quedó nada más en eso; una promesa incumplida, ya que la Ley Orgánica del Ejecutivo del Estado, no otorgó a dicha Coordinación ninguna facultad, y lo peor del caso, es que la novel Ley de Participación Ciudadana no tiene una sola mención al concepto de Gobierno Abierto.
Así, a lo largo y a lo ancho del país, las entidades federativas que han seguido los lineamientos del INAI de establecer Secretariados de Gobierno Abierto no han realizado mas que vistosos eventos que no conducen a gran cosa respecto del los objetivos que tiene el concepto de Gobierno Abierto.
En el plano legislativo, el Parlamento Abierto, pretende darle acceso constante al ciudadano a la conformación de legislación y al acompañamiento y coadyuvancia ciudadana a las labores del poder legislativo en la conformación de las leyes y en la supervisión de las actividades del Poder Ejecutivo, mediante vínculos tecnológicos a nivel de comisiones y grupos de trabajo legislativos, abriendo y trasparentando las mismas al máximo posible, para que los ciudadanos establezcan una constante relación bilateral con los legisladores y servidores públicos auxiliares de los mismos.
Pero, por desgracia, el Poder Legislativo, nada más hace alarde de “Parlamento Abierto” cuando convoca a foros de discusión en algunos temas legislativos, en donde comparecen ciudadanos y literalmente terminan los legisladores haciendo lo que sus coordinadores parlamentarios les ordenan, y en el nuevo Congreso de mayoría morenista, hacer lo que el Presidente ordena.
En conclusión, estoy convencido que para que el concepto de Gobierno Abierto tenga futuro en México, se necesitan políticos comprometidos con la ciudadanía directamente y no con sus partidos políticos o grupos de poder, que promuevan verdaderos gobiernos que adopten el concepto de apertura e interacción con los ciudadanos para la auténtica generación de políticas públicas y acciones de gobierno, que impulsen cambios legislativos, inclusive a nivel constitucional, para abrir un nuevo capítulo del concepto del Siglo XVIII de democracia representativa.
Así podríamos transitar, sin excluir a la democracia representativa, a un nuevo estadio de desarrollo democrático, en donde el ciudadano con la ayuda de la tecnología de la información tendría el derecho de opinar, participar y criticar y el servidor público tendría la obligación de reaccionar, contestando, aclarando, cambiando y mejorando los procesos de gobierno, para así co-crear con el ciudadano políticas públicas para la generación del bien común.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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