Los aranceles son impuestos de importación que se establecen normalmente para regular los flujos de comercio entre las naciones. Es decir, si un país desea fomentar una parte de su economía, puede, como medida de promoción de ese sector económico, imponer aranceles para la importación de mercancías que se relacionan con el sector que se quiere impulsar, a fin de que las mercancías del sector producidas en el país receptor disfruten, a lo menos, la ventaja competitiva de no tener que considerar dentro de sus costos el arancel impuesto a sus competidores provenientes de otros países.
México, Estados Unidos y Canadá, celebraron en 1992 un tratado de libre comercio, renegociado en 2020, para eliminar, en términos generales, los aranceles en las transferencias de mercancías producidas en sus respectivos países, siguiendo ciertas condiciones para que sus productos sean considerados como provenientes (en términos del tratado se denominan “originarios”), de los miembros del tratado.
Ahora bien, cuando un país viola las reglas de un tratado de libre comercio, el país afectado puede, bajo las estipulaciones del tratado, imponer aranceles que castigan la violación. Por ejemplo, cuando Estados Unidos impuso ilegalmente aranceles en las importaciones de acero mexicano, México impuso aranceles a las importaciones de ciertos productos agropecuarios.
Estas medidas tienden a que la presión de los sectores económicos afectados induzca a sus gobiernos para que eliminen los aranceles ilegalmente impuestos, cosa que sucedió en nuestro ejemplo anterior. Por la presión ejercida por los productores porcinos el Representante Comercial de Estados Unidos eliminó los aranceles impuestos al acero mexicano.
Si lo anterior no hubiera sucedido, México pudo haber iniciado un procedimiento arbitral a través de un panel de expertos conformado por personas de México, Estados Unidos y Canadá, para juzgar la controversia y resolver en favor de alguna de las partes en disputa, imponiendo consecuencias económicas al país que resulte perdedor.
Ahora nos enfrentamos a una situación curiosa, el presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump ha amenazado con imponer a México y a Canadá aranceles del 25% a todas las importaciones a los Estados Unidos de productos provenientes de dichos países, aduciendo que porque no cuidan sus fronteras para evitar que personas entren a Estados Unidos ilegalmente y para evitar el contrabando de estupefacientes, principalmente el fentanilo.
Como podemos claramente observar, las razones por las cuales Trump desea imponer esos aranceles son totalmente ajenas a lo pactado en el tratado de libre comercio celebrado entre las tres naciones que integran Norteamérica, ya que no tienen relación alguna con la protección del comercio internacional, sino que se refieren a la migración y al contrabando, que, por cierto, cada nación tiene la obligación de proteger sus fronteras de la entrada ilegal de mercancías provenientes de otras naciones.
Entonces, ante este posible escenario, ¿qué pueden hacer México y Canadá para protegerse de esta situación?
Al respecto, puede haber dos posibilidades, que aún están siendo exploradas por expertos, una de ellas, es que los afectados por la medida (literalmente, millones de personas y empresas en los Estados Unidos, que tendrían que pagar los aranceles del 25% y los representantes de México y Canadá), promuevan antes algún juez federal una demanda por violaciones a las leyes estadounidenses relativas a que el presidente no tiene facultades de imponer esos aranceles porque el tratado se lo impide, y posiblemente se violen otras leyes federales al hacerlo.
Otra posibilidad es iniciar, bajo los términos del tratado un panel arbitral.
El problema de esta segunda opción es lo tardado de su resolución, y mientras, se causarían daños enormes a la economía de Estados Unidos, puesto que la integración con Canadá y México es muy grande, impactándose a la industria automotriz, a la industria de la salud, a los electrodomésticos, a los artículos electrónicos, como computadoras, aparatos celulares, artículos agrícolas y muchos otros, generándose presiones inflacionarias en Estados Unidos e impulsos de recesión económica en México y Canadá.
La solución de una resolución judicial que suspenda de inmediato los efectos del arancel sería lo ideal, porque no se aplicaría el mismo mientras se resolviera el fondo, que muy seguramente sería en contra de la medida.
El presidente electo Trump debe comprender que los tres países de Norteamérica son el bloque económico más grande del mundo, y existen múltiples métodos y proceso diplomáticos para resolver los problemas de contrabando y tráfico ilegal de personas, en lugar que tratar de arreglarlos a hachazos que nos perjudican a todos los que vivimos en el hemisferio norteamericano.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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