Durante la hegemonía del PRI, podemos decir, que en México formalmente no había libertades. Sin embargo, esta falta de libertad se daba desde un punto de vista formal porque en la práctica rara vez el gobierno acudía al recurso de utilizar el sistema jurídico imperante para la represión, habíamos pasado por dos revoluciones muy sangrientas y el nuevo régimen conocía las consecuencias de los excesos.
No estoy afirmando no haya habido represión; sí la hubo. El gobierno, si era necesario, hasta mandaba matar a las personas, pero por política, los regímenes priistas ejercían la represión selectivamente y generalmente con prudencia.
No obstante lo anterior, el juicio de amparo era ampliamente respetado por las autoridades aunque este recurso, generalmente ejercido por personas con capacidad económica, sí era utilizado para detener las arbitrariedades del sistema defendiéndose las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, las del debido proceso, las de las aprensiones que fueran dictadas por la autoridad judicial, las de la no aplicación retroactiva de la ley y el apego de la autoridad a los dictados legales y a su interpretación jurídica.
A partir de la pérdida del poder hegemónico del PRI, y con el advenimiento del sistema de justicia oral adversarial, y el reconocimiento de los derechos humanos dándosele a los tratados internacionales un nivel constitucional, el sistema perdió su capacidad de represión, sujetándose a la presunción de inocencia, al debido proceso, ganando el sistema judicial una preeminencia para garantizar la libertad de los ciudadanos.
No obstante estas garantías, con el fin de combatir eficazmente al crimen organizado, aquel que mata, secuestra, extorsiona, aterroriza a la comunidad y crea gobiernos paralelos al Estado Mexicano, tomando bajo su mando grandes extensiones territoriales de México, se creó una excepción en este nuevo sistema, que permite el arraigo (detención sin orden judicial en áreas especiales que nos son cárceles, mientras se obtienen los elementos legales suficientes para obtener una orden de arresto por un juez), que autoriza la prisión preventiva de oficio sin el beneficio de la libertad bajo caución, y que expedita la extinción de dominio para los bienes de este tipo de criminales.
Pues bien, el nuevo gobierno federal que tenemos, ha impulsado la ampliación de estas excepciones al nuevo sistema penal que con tanto esfuerzo logramos, para que fuera de la constitución, se extienda la definición de delincuencia organizada, a las faltas fiscales, aduanales y otras conductas.
Pero lo peor del caso, es que ahora se pretende retroceder la justicia penal hacia un sistema autoritario no garantista, para que el gobierno recobre las facultades que tenía en las épocas del PRI, inclusive, eliminar la efectividad del amparo para la protección de los derechos humanos y ampliar el arraigo a todos los delitos.
De esta manera, si los mexicanos permitimos que esto pase perderemos de nueva cuenta nuestras libertades, pero ahora bajo el régimen de un solo hombre que se cree dueño de la verdad y de la historia nacional, en un gobierno desorganizado, desaseado y perverso, que en un poco más de un año en el poder ve con recelo los derechos que con gran esfuerzo nos hemos ganado los mexicanos.
Ante la amenaza de perder nuestras libertades, el avión presidencial es lo de menos, tornándose sin importancia Santa Lucía y el Tren Maya. No permitamos tener un retroceso político que nos ponga en las manos de la represión y el control político absoluto de dictadores, esto es lo peor que nos puede pasar a los mexicanos.
La forma de evitarlo es hacer un gran eco en la opinión pública, exigiendo a nuestros legisladores que cuiden los derechos de libertad de pensamiento y actuación política que nos hemos ganado a pulso los mexicanos. No nos distraigamos con nimiedades pongámonos a trabajar para defender nuestras libertades.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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