Muchos sabíamos que es un peligro para México. Lo que no imaginamos fue la efectividad que ha tenido para destruir al país. Eso sí, lo ha estado haciendo sin desprestigiar su imagen y su reputación con la mayoría de los mexicanos. Eso, precisamente es lo más peligroso del personaje, por eso es por lo que la gente consciente de ese peligro tenemos una gran responsabilidad de ser efectivos en combatirlo, de tal forma que no se victimice y salga más favorecido y con mayor poder destructor.
Sí, es increíble que, en estos tiempos modernos de información instantánea de telecomunicaciones de alto rendimiento, de acceso ilimitado a datos, un solo hombre tenga la facilidad de poder destruir a todo un país como México.
Ese hombre es nuestro presidente de la República.
Ya sabemos lo que ha estado destruyendo, pero lo enumero: la salud, la seguridad pública, la economía, el Estado de Derecho, el sistema nacional de vacunación, los órganos autónomos, el sistema de obra pública (empezando por el proyecto aeroportuario más grande jamás planeado), el control civil de la seguridad pública y de los puertos y aduanas, el sistema nacional anticorrupción, las estancias infantiles, poniendo en peligro la generación de energía eléctrica, el sistema nacional de transparencia, el sistema de control ecológico, la investigación científica y la autonomía universitaria, entre otros.
Pero el peligro más grande que ahora tenemos es su intento por destruir nuestra democracia electoral.
Me explico. El presidente primero promovió una iniciativa para modificar la constitución a fin de realizar, junto a las elecciones pasadas del 6 de junio, un proceso de ratificación de su mandato, para participar en las pasadas elecciones como si fuera candidato haciendo campaña, para acompañar a su partido Morena y así poder obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, facilitándole la modificación de la Constitución para sus fines destructores, aumentando su poder y, eventualmente, reelegirse para convertirse en dictador, igual que Benito Juárez que tanto admira.
Pero ese cambio constitucional fracasó porque, con el impulso de la oposición, cambió el sentido de la reforma, de ratificación de mandato a revocación de mandato por pérdida de confianza al presidente. Es decir, que el pueblo despida (lo corra en términos coloquiales) al presidente por haber perdido la confianza en él. Como correr a un empleado porque ya no se confía en su probidad, en su comportamiento para desempeñar su encargo.
Pero, al reformarse la ley secundaria que regula la revocación de mandato, el Congreso, ilegal e inconstitucionalmente, cambió el sentido de la revocación, realizando una ambigua revocación o ratificación.
Sin embargo, para que se inicie el procedimiento de revocación es necesario recabar un número determinado de firmas (que deben de ser validadas por el INE) solicitándolo porque se le ha perdido la confianza, sin que los partidos políticos ni el gobierno se involucren en su promoción, cosa que el presidente ha violado promoviendo su revocación para que sea ratificado.
Además, la Cámara de Diputados con la mayoría morenista, le limitó grandemente al INE el presupuesto necesario para llevar a cabo esta revocación.
Morena, de forma indirecta ha venido apoyando a supuestas asociaciones ciudadanas para promover esta revocación, que de forma infructuosa no han logrado ni logrará conseguir las firmas en los términos prescritos por la ley.
El INE interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por la reducción del presupuesto, habiendo resuelto certeramente la Corte la improcedencia de ella porque el procedimiento de revocación no inicia hasta que se hayan juntado todas la firmas para ello.
El INE ha estado rechazando innumerables firmas presentadas para la revocación de mandato, por múltiples motivos, como firmas duplicadas, de personas inexistentes o fallecidas, hasta de animales.
Tanto el presidente como los gobernadores de Morena, así como los dirigentes de dicho partido, han iniciado una agresiva campaña para denostar al INE aduciendo una actuar “antidemocrático”, amenazando a sus integrantes en despedirlos a través de un juicio político.
Debemos de tomar muy en serio dichas amenazas, porque claramente van dirigidas a dar el primer paso para la destrucción de nuestra democracia, eliminando primeramente al órgano electoral autónomo que ha garantizado su desarrollo.
Los ciudadanos estamos llamados a defender al INE, sin él queda garantizada una
dictadura de no sabemos cuánto tiempo por parte del actual presidente, que continuará generando pobres, destruyendo al país para permanecer indefinidamente en el poder robándose las elecciones, como en el siglo pasado.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
