Los romanos tuvieron una gran virtud, independientemente de la autocracia absoluta de sus emperadores, aunque muchas veces limitada por su Senado, inventaron un gran sistema de derecho, que más de mil años después fue codificado por Napoleón Bonaparte. Este sistema fue tan bien hecho, que, en la actualidad, múltiples escuelas de derecho lo siguen enseñando a manera de antecedente básico para entender el sistema de orden que regula las relaciones humanas.
De este sistema romano, se han derivado múltiples principios Generales de Derecho; uno de los más famosos y usados es el que dicta, “dura lex sed lex”: la dura ley es la ley.
El significado de esto estriba en concebir reglas de conducta aplicables para todos (con muy pocas excepciones) a fin de tener un orden social estable con reglas bien definidas a las que los ciudadanos tienen que atenerse.
Este principio es esencial en un Estado moderno para guardar reglas que todos conocen y a los que deben ceñirse. Quien viola la ley se atiene a sus consecuencias; de esa manera las personas que desean realizar un proyecto o inversión pueden planear hacerla con mayor facilidad y menor riesgo, ya que presuponen que todos cumplirán con las reglas del juego establecidas por el sistema de derecho. Si hay alguien que no las cumple tiene que atenerse a las consecuencias, que pueden ser de índole económico, de pérdida de libertad, de afectación al patrimonio, y hasta la muerte en algunos países y épocas históricas.
Ahora nos enfrentamos en México a un jefe de Estado y de Gobierno que con un desplante autoritario dice: “no me vengan con eso de que “la ley es la ley”. Y, el viernes pasado en Chihuahua, refiriéndose a un incidente en que reporteros fueron interceptados por un retén de miembros del crimen organizado, mencionó en un desplante irresponsable para un presidente, que no había pasado nada, y peor aún, cuando se la prensa le menciona la localización en donde se interceptaron a los reporteros se le denomina como el “triángulo dorado”, nuestro impertinente presidente, francamente con un tufo de cómplice protector de criminales, dice que se le debe cambiar el nombre a “triángulo de la gente buena y trabajadora”.
Ante los antecedentes de la política oficial para supuestamente resolver el gran problema de seguridad que el país padece, de hacerlo mediante “abrazos y no balazos”, y ante las evidencias que tenemos, ampliamente anunciadas tanto por la prensa, las redes sociales y los resultados electorales de las entidades federativas que tuvieron elecciones en el 2021 en la costa del Pacífico a contrapelo de las tendencias electorales antes del día de la jornada electoral, cuando los resultados fueron radicalmente diferentes a los que se preveían, nos preguntamos, ¿no parece el comportamiento del presidente favorable al crimen organizado para aprovechar su poder para ganar elecciones?
Todos notan que el presidente ha tenido múltiples desplantes de desprecio a la ley; ha dicho que cuando una ley es injusta no se debe de cumplir. Me pregunto al respecto, ¿quién determina eso? Es claro que no debe ser el presidente, solo en caso de reclamación por los conductos legales, el poder judicial en sus diversas instancias es el que puede juzgar eso, pero no por mero capricho y a criterio personal, sino fundando y motivando su fallo, basándose en las normas constitucionales, la ley, los precedentes judiciales y principios generales de Derecho, de acuerdo con las circunstancias fácticas del caso y no por el criterio convenenciero de un presidente cómplice del crimen organizado.
Es inaceptable que nuestro titular del Poder Ejecutivo exprese esas ideas de desprecio al orden jurídico nacional. En muchos países eso merece juicio político y destitución.
Mientras en México no nos quitemos el nefasto síndrome del Tlatoani, vamos a estar sujetos al capricho del gobernante en turno. Debemos estar conscientes de que mientras en México no vivamos en un pleno Estado de Derecho administrado por instituciones fuertes y estructurado por reglas del juego claras, en lugar de estar sujetos a un presidente que se asocia con los delincuentes para ganar más poder, no vamos a salir del subdesarrollo y la pobreza en grandes sectores de nuestra población.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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