La emisión de tres nuevas leyes generales: la de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos y la del Sistema de Medios de Impugnación, reglamentarias de la reforma constitucional en materia electoral aprobada el año pasado, van a tener que esperar otro momento para ser evaluadas en su conjunto y sacar un balance de los avances y los pendientes. Ha tomado la polémica, en niveles de escándalo nacional, la incorporación de último momento de una disposición para asegurar a los Magistrados de la Sala Superior del TRIFE, un “haber de retiro”, con el que se pretende homologar a los máximos jueces electorales con el régimen salarial vitalicio que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La historia del caso es otro más de los desaseos que se producen en el proceso de confección de las leyes, bajo la dinámica de apresuramiento, saturación de iniciativas e indebida intervención de funcionarios del Ejecutivo federal en tareas que corresponden en exclusiva a los legisladores federales. Es necesario hacer el recuento de lo sucedido y con ello, delimitar las responsabilidades de un hecho que agravia a la sociedad mexicana y muestra la vulnerabilidad de la división de poderes, a menos de dos años de que asumió la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Los signos de la regresión autoritaria no son acechanzas en la sombra o en la especulación, están presentes con desfachatez insospechada.
La adición que se hizo al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para otorgarle la posibilidad de una pensión vitalicia a los magistrados del TRIFE, es un asunto que se procesó de manera subrepticia (que se hace ocultamente o a escondidas), de ilegal forma procesal, inadecuada ubicación normativa, pésimo supuesto y toda la inoportunidad posible. En realidad se trata de un empecinamiento que no reparó en burlas y en abusar de la buena fé y confianza que nos debemos entre legisladores, ni en las consecuencias que tendría en la opinión pública al momento de descubrirse, pues el mismo supuesto ya había sido derrotado durante las discusiones de las comisiones unidas que conocieron del proyecto de dictamen de reforma constitucional del 28 de noviembre de 2013.
Fui yo quien atajé entonces como miembro de la comisión de Gobernación al presentar 47 reservas, no sólo esa pretensión de la pensión vitalicia sino también la de alargarles por seis años más el periodo a los actuales magistrados. En aquel proyecto de dictamen se contemplaba en el artículo 99, párrafo 12, que la duración del cargo de magistrado electoral fuera de 15 años. Disposición que se amarraba con un artículo transitorio, el vigésimo segundo: “La Ley establecerá los derechos que habrán de gozar los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando concluyan su encargo. Los magistrados que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán en su encargo hasta cumplir quince años contados a partir de la fecha de su nombramiento.”
Al empatarse varias de las votaciones en comisiones unidas, se hizo un receso que propició una nueva negociación por la que se modificaron importantes temas del dictamen y fueron retirados los dos regalos para el TRIFE. La duración de los magistrados quedó en 9 años, y aunque prevaleció en la exposición de motivos del dictamen publicado en la gaceta parlamentaria el 3 de diciembre, página 36, la referencia al “haber de retiro”, éste ya no apareció en el articulado de la reforma constitucional. Quedó claro desde aquel momento, que no aceptaríamos por ningún motivo, una pensión vitalicia para los Magistrados del TRIFE como la que gozan los Ministros en retiro de la Suprema Corte, por eso se urdió el camino de la sinuosidad y se optó por el vulgar “chamaqueo” a los propios legisladores.
Por supuesto que hubo una planeación de mala fé para incorporar de nuevo este tema en la legislación secundaria desde la convocatoria misma al periodo extraordinario del miércoles pasado que, únicamente enlistó por parte del Senado de la República, en su artículo Quinto, cuatro asuntos: 1. La toma de protesta de los nuevos comisionados del IFAI; 2.- La aprobación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3.- La aprobación de la Ley General de Partidos Políticos; 4.- La toma de protesta de la Senadora Alma Lucía Arzaluz Alonso. Nunca se mencionó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El ocultamiento era parte del objetivo. De haberse incluído estas últimas dos hubieran llamado la atención sobre los contenidos a modificar o adicionar, puesto que no había iniciativas que dieran materia de dictamen. La única que existía del 23 de septiembre del 2013, suscrita por el Senador Roberto Gil, había sido rechazada en el dictamen anterior de reforma constitucional.
En la mesa de negociación de la legislación secundaria para reglamentar la reforma constitucional nunca se trató el tema en sus más de veinte días de trabajo. Como integrante de la comisión negociadora del grupo parlamentario del PAN, asistí a todas las sesiones de discusión y jamás alguien colocó el tema de la pensión de nuevo. De principio a fin de la negociación, el único que tuvo el control de la redacción del dictamen fue el Consejero Jurídico del Presidente de la República; inadmisible potestad la que se le confirió por parte de los Presidentes de las Comisiones dictaminadoras. Bajo esa lógica mantuvieron secuestrado el proyecto de dictamen completo hasta unas cuantas horas antes de dar inicio la sesión de comisiones unidas, que por cierto tampoco reflejaba los acuerdos de última hora de la noche anterior, por lo que expresé mi abstención en dicha sesión. Fue indignante la manera en que se nos iba permitiendo conocer las redacciones por separado. Durante ese día y parte de la mañana del día siguiente nos dedicamos a hacer que se respetaran los acuerdos, y tratar de imponernos del conocimiento más detallado posible en un conjunto normativo de cerca de setecientos artículos.
En ese contexto se introdujo la adición al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para darle al Comité de Administracion del TRIFE la facultad de determinar un “haber de retiro” para los Magistrados de la Sala Superior. Es necesario advertir que ese Comité de Administración es encabezado por el Presidente del mismo tribunal.
El escándalo estalló cuando en el programa radiofónico de Carmen Aristegui del jueves 15 de mayo, tanto Jorge Alcocer, director de la revista Voz y Voto, como Alfredo Figueroa Fernández, ex consejero electoral del IFE, echaron la luz y cuestionaron duramente la sorpresiva adición legislativa.
Enterados por ese medio los Diputados de la maniobra de última hora en la Camara de Senadores, varios legisladores del PAN, PRD, PT y MC de la Cámara Baja presentaron reservas para eliminar la adición, pero no hubo manera de conseguirlo pues el PRI y sus aliados del PVEM y el PANAL se hicieron cargo de sacarlo adelante. La votación fue de 232 votos a favor (200 del PRI, 24 del PVEM y 8 de PANAL) y 196 votos en contra (92 del PAN, 80 del PRD, 9 del PT y 15 de MC). Era claro que la responsabilidad material, intelectual y política estaba en el ámbito del gobierno y su partido; y dados todos los elementos sobre la forma en que se procesó el dictamen, la responsabilidad material de la maniobra fraudulenta del proceso legislativo recayó en el Consejero Jurídico del Presidente de la República.
Luego salió el autor intelectual, ni mas ni menos que el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, quien esa misma mañana tuvo que salir a señalar que “este asunto de la pensión fue parte de los acuerdos que se hicieron en las mesas de negociación con los principales partidos, el PRI, PAN y el PRD, donde participó el gobierno.” Lo que a todas luces es una vil mentira. Entrevistado en el noticiero ‘Contraportada′, el funcionario dijo que esta medida se debe a que “los magistrados del Trife están impedidos a desarrollar actividades profesionales dos años después de dejar el cargo”, es decir que durante ese tiempo no podrán litigar.
El PRI pretendió asumir la responsabilidad e hizo una defensa de la pensión. En un comunicado el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, senador Miguel Ángel Chico Herrera, dijo que “En caso de que el haber de retiro fuese aprobado por la Comisión de Administración, ello tendría que realizarse mediante un acuerdo en el que se estableciera el monto y la duración de dicho haber de retiro, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y alguna tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. “Es pertinente referir que los Magistrados de la Sala Superior en términos del artículo 101 de la Constitución tienen prohibición de ejercer por dos años su profesión de abogados después de concluir su cargo”.
En lugar de rechazar la subrepticia adición – hasta ahora nadie ha dicho esta boca es mía -, y solicitar que se abriera una discusión objetiva y transparente sobre el “haber de retiro”, precisando incluso el alcance exacto de su pretensión, la Magistrada y los Magistrados que integran la Sala Superior del TRIFE se aferraron a la nueva disposición y aceptaron bajo penosos argumentos. El circulo de la componenda estaba cerrado.
La forma y fondo del “haber de retiro” a los magistrados del TRIFE tienen la significación de un pago de facturas pasadas o futuras por parte de Peña Nieto, o de las dos cosas a la vez. El golpe que se inflinge a si mismo el Tribunal a su autonomía e independencia es demoledor. Pendientes de resolución en esa sala superior desde hace más de un año los casos de Monex y el rebase de topes de campaña del hoy Presidente de México, la credibilidad de cualquier resolución estará afectada. Al sector informado de la materia electoral nadie le quita de la cabeza que esos juicios pendientes, que tocan centralmente la legitimidad de la elección del hoy Presidente de México, han desquiciado en actitudes y métodos al equipo de colaboradores más cercano de Peña; el tema genera vetos y persecusiones a quienes lo han denunciado, o incentivos y premios para quienes han sido obsecuentes con esas violaciones legales; la actual integración del INE es el mejor caso que lo ilustra. Ahí se coloca el “haber de retiro”, y nadie podrá separarlo de lo que resta del periodo a los actuales Magistrados, si no se corrige.
Javier Corral Jurado
Javier Corral Jurado Político, periodista, académico, y columnista.
Multi-galardonado por su actividad periodística. Fue Gobernador del Estado de Chihuahua de 2016 a 2021 y Senador de la República en donde formó parte de las comisiones de Educación, Gobernación y participa como Secretario de la Comisión de Radio y Televisión, así como Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta columna se reproduce bajo permiso de su autor.
