Empecemos precisando que no toda violencia política tiene elementos de género, pues la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque se hacen diferentes expresiones ideológicas y partidistas. Entendamos que la Violencia Política en razón de Género, se refiere a toda acción u omisión dirigida a una mujer, por el hecho de ser mujer, que obstaculiza, el ejercicio de sus derechos político-electorales o en el ejercicio de su cargo. Las agresiones generan un impacto diferenciado en las mujeres respecto a los hombres y pueden ser simbólicas, verbales, patrimoniales, económicas, psicológicas, físicas y sexuales.
En lo personal he sido víctima de violencia política de género, en los comicios del 2018 siendo candidata, un medio de comunicación publicó una fotografía tomada sin mi consentimiento, con el encabezado NUEVA ESTRATEGIA DE CAMPAÑA, exponiéndome no solo a mí, si no a mi familia, difamándome y provocando ser agredida por la sociedad. No interpuse una denuncia, por el total desconocimiento de los mecanismos de defensa que existen y sí también por miedo. En los años setenta la escritora estadounidense, Susan Sontang, alertaba sobre la guerra silenciosa contra las mujeres, ahora en pleno siglo XXI podemos afirmar que ya no tiene nada de silenciosa. En los últimos años México ha dado pasos agigantados, se han creado leyes para definir y regular la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Así como cada vez estamos tratando de capacitarnos más en el tema.
Hace algunas semanas la regidora Dalila Villalobos, de Hidalgo del Parral interpuso una denuncia en contra del presidente municipal César Peña en materia de violencia política de género, argumentando un ataque permanente en su contra, creando una campaña de desprestigio sumado a la hostilidad presentada hacia ella y otras regidoras.
La regidora fue respaldada, por sus compañeras de cabildo, incluso de otros partidos, las cuales presentaron su queja ante la comisión de los derechos humanos en el estado. Este martes el IEE presentó su resolución, aprobando las medidas cautelares y de protección para la regidora, además de solicitar las comparecencias del director de comunicación social del municipio y la del secretario de ayuntamiento.
En lo particular aplaudo la determinación de la regidora de presentar su denuncia, de no quedarse callada, de alzar la voz por aquellas que en su momento no nos atrevimos hacerlo.
Como el caso de la regidora, según los datos en el portal del IEE este año 2022 van 4 denuncias formalmente presentadas y una ya con sentencia inscrita en el programa nacional y estatal de personas sancionadas por violencia política por un periodo de 4 meses, el diputado federal Mario Mata Carrasco, denuncia presentada por la senadora Bertha Caraveo.
Otra diputada federal interpuso una denuncia contra ocho personas involucradas del municipio de Nuevo Casas Grandes como administradores en un perfil en Facebook “tren del mame NCG”, dentro de la resolución hubo una multa de $7,540 a cada uno, publicar por un mes ininterrumpido en sus redes sociales las sentencia del tribunal, que tomaran una capacitación en género y fueron inscritos en el programa nacional de violencia política tanto en el nacional como el estatal por 4 años cada uno de ellos. Entre muchas otras quejas en medios digitales.
El Día de ayer la Gobernadora del estado subió a sus redes sociales una fotografía con dos palabras que dicen mucho NO MAS, acompañada de una descripción donde narra lo sucedido en el programa Gobernadora en tu colonia, el encuentro que tuvo con uno de los llamados “testigos protegidos” el cual describe como uno de los más ruines, crueles y mentirosos; cito:
Para ser honestos no aguante y me levanté de la mesa a “soltar” una vez más lo que todavía duele.
Recordemos que siendo candidata fue amenazada, acusada y acosada por el entonces gobernador Javier Corral queriendo obstaculizar su derecho constitucional de ser candidata a la gubernatura. Muchas han demostrado que son capaces de sobreponerse y lograr ser reconocidas. El 8 de septiembre se convirtió en la primera gobernadora del estado.
Con la reforma, en la Ley General en Materia de delitos electorales se establecen multas e incluso sanción de hasta seis años de cárcel por cometer violencia política de género, al incurrir en hechos como restringir el derecho al voto libre y secreto de una mujer, obligarla a presentar renuncia a una candidatura o precandidatura, o a que renuncie al cargo para el que haya sido electa o designada.
Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos de las mujeres, el aumento de la participación y representación ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra. Ahora es mucho más fácil organizarnos como mujeres dejando a lado las diferencias.
Estamos hartas de la violencia en contra de nosotras y más allá de filias, fobias y partidos políticos no vamos a permitirlo más, ¡NO MAS!
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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