Los Estados justifican implementación de tecnologías de vigilancia como parte de estrategias para combatir la criminalidad. Organizaciones de derechos humanos piden a la CIDH establecer parámetros de supervisión dados los abusos desde estas plataformas.
Washington, DC. (VOA) – Organizaciones de la sociedad civil pidieron este miércoles, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecer normas para que las nuevas tecnologías de vigilancia sean utilizadas bajo estándares que garanticen el respeto a libertades fundamentales.
Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) destacó que el caso de Pegasus en México –que causó revuelo luego de conocerse la utilización de este software espía por diferentes secretarías de Estado- pone de manifiesto el uso sistemático durante al menos 15 años de esas plataformas que se han sofisticado bajo el precepto de ser útiles contra el crimen.
Es una red de “vigilancia ilegal sistemática en contra de la sociedad civil” y en especial dedicada a periodistas y defensores de derechos humanos que “resultan incómodos” para las autoridades, expuso.
A la vez, García señaló que las contrataciones de esos servicios por proveedores privados se dan en entornos de secretismo bajo argumentos de seguridad nacional, lo que fomenta la corrupción.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha exhortado a una moratoria en la adquisición e implementación de tecnologías de vigilancia por considerar que estas erosionan libertad de prensa e intimidad, entre otros.
38 iniciativas para reconocimiento facial
La organización Derechos Digitales, desde Chile, da cuenta de que la velocidad de tecnologías como el reconocimiento facial preocupa por los fallos y falta de legislaciones.
María Canales explicó a la Comisión que investigaciones propias reflejan que 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial han entrado a discusión en nueve países latinoamericanos “y en más del 60% no existen legislaciones precisas para ponerlas en marcha”.
María Leoni, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), abonó que las explicaciones oficiales como que esas tecnologías permiten encontrar soluciones integrales a diversos problemas como la pandemia, no explican los verdaderos alcances.
Lo más grave, dijo, es que las tecnologías de amplio espectro tienen como finalidad “captar, almacenar, procesar y compartir para diversos fines datos personales de los ciudadanos”.
En Colombia, denunció Jonathan Bock, de la Fundación para Libertad de Prensa, el gobierno ha instaurado desde el Ministerio de Defensa medidas como el ciber patrullaje, como parte de las políticas de vigilancia.
Este país –dijo Bock- tiene larga data en estigmatizar y fragmentar los sectores de la sociedad. En este contexto, también ha catalogado a los ciudadanos por el uso que hacen de las redes sociales en perfiles como “positivo, negativo y neutro”.
“Se trata de otro episodio de vigilancia con un impacto diferenciado en los periodistas y, además, genera una peligrosa categorización de información por opiniones críticas al entorno oficial”, dijo Bock.
El relator para Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, agregó que esa instancia registra que desde 2017 se ha incrementado la vigilancia digital. Y que en organismos como CIDH están “muy prestos a los entornos análogos”, cuando la mayoría de amenazas han migrado a digital.
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