El debate está más abierto que nunca después de que las principales empresas de medios sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o Youtube, bloquearan las cuentas personales del expresidente Donald Trump
Washington, DC. (VOA) – Analistas y expertos en plataformas digitales y políticas públicas señalaron el miércoles que la evolución de la tecnología y las redes sociales está llevando a un escenario de negociación entre el sector privado y los gobiernos para sentar las bases de una legislación que regule los contenidos en internet.
El debate está más abierto que nunca después de que las principales empresas de medios sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o Youtube, bloquearan las cuentas personales del expresidente Donald Trump, quien ha sido acusado de instigar el ataque al Capitolio de Estado Unidos el pasado 6 de enero.
Según Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “estamos en un punto de inflexión” en el que tanto las empresas privadas, activistas y administraciones públicas están dispuestas a sentarse y discutir los parámetros y el alcance que deben tener las redes sociales hoy en día.
“Hay muchos más actores que quieren ser parte de la conversación y contribuir positivamente, y ese debate puede ser una oportunidad”, abogó Vaca durante un evento organizado por Diálogo Interamericano para abordar esa cuestión.
La libertad de expresión no ampara todo
Con todo, también quiso poner de manifiesto “el poder de decisión” que tienen las redes sociales para tomar las medidas “más drásticas”, al tiempo que considera que “la cancha no es igual para todos” en tanto que “no se puede llevar la libertad de expresión hasta el punto de la violencia”.
“No nos podemos amparar en la libertad de expresión cuando se dan casos de violencia, de abuso o de daño”, defendió.
En esa línea, expuso algo que todos los actores implicados en la regulación de los contenidos en las redes sociales deben tener en cuenta: “Que se eliminen del entorno digital no significa que el problema real desaparezca”.
“Lo que pasa en los barrios, en las iglesias, en las escuelas, es algo que incluso estamos dejando de ver y dejamos de hacer un análisis de lo que está pasando”, subrayó al respecto.
“Las palabras de los presidentes importan”
Para Vanessa Rubio, que fue senadora y subsecretaria de Hacienda y Crédito Público de México, constata que los presidentes de las naciones “tienen un peso incomparable, una responsabilidad y una prominencia particular”. Por eso, defiende que esas regulaciones también deben atender el peso y la importancia que tienen en una población para tomar medidas tan “drásticas” como su desaparición de esas plataformas.
“Este es un espacio que se ha venido renovando”, admitió, aunque insistió en el necesario debate para abordar las problemáticas de hoy en día.
“El problema no es la red, sino los seres humanos que están en contra de los derechos. Lo que pasa ahí es el reflejo de la realidad y se da en un espacio que no tiene regulación”, agregaba al tiempo que se preguntaba “qué hay que hay que hacer para proteger los derechos de la población”.
Ella también considera que “hay que hacer un debate” en el que intervengan “las empresas privadas y los gobiernos”. Sobre eso alertó que las administraciones públicas o las corporaciones no pueden llevar a “cabo una lucha de fuerzas” sin el consenso, lo que llevaría a una situación de descontrol ante un escenario tan incierto como el actual.
“No puede ser un debate de fuerzas, necesitamos que la regulación parta del diálogo porque sino pueden haber medidas independientes y aleatorias” que, según ella, no dan una salida a esta problemática.
En ese sentido, sostuvo que “la regulación tiene que ser transparente y aplicable a todo el mundo” diseñada a partir de “un diálogo inclusivo”.
¿En qué se debería basar la conversación?
Para Vaca, las negociaciones para sentar las bases de una posible regulación de los medios digitales tendrían que tener en cuenta las “infraestructuras transoceánicas” en tanto que el alcance de las redes sociales “van más allá de la soberanía de los estados”, y también de la implantación de un “código” a través del cual todos los actores implicados puedan regirse.
Todo ello con una premisa: “El diálogo que se plantee tiene que cumplir con los estándares de derechos humanos”.
Mariana Valiente, directora de InternetLab, también considera que ha llegado el momento de hablar del “control de las industrias” y considera que los estados “pueden ser capaces de regular eso”.
“Necesitan mejorar la superación, la moderación y el control de contenidos”, afirmó.
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