Se trata de uno de los procesos contemplados en la Ley de Participación Ciudadana; especialistas indicaron que es una herramienta valiosa para que las y los ciudadanos se hagan escuchar a través de una plataforma democrática
Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Especialistas en el tema de participación ciudadana participaron en un evento organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (Fcpys) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y el Frente Político Ciudadano para la Defensa de los Derechos Humanos (Fpcddh), centrándose en el proceso de Revocación de Mandato.
La actividad se denominó Foro de democracia participativa y la revocación de mandato como instrumento de la ley de participación ciudadana, en el que participaron como ponentes Catalina Castillo Castañeda, Claudia Arlett Espino, Juan Hernán Ortiz Quintana y Eduardo Barrera Herrera.
La primera participación fue la de Ortiz Quintana, un antropólogo por la Universidad Veracruzana, maestro en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), docente investigador de la UACJ, miembro del Consejo Consultivo Estatal de Participación Ciudadana, de la Asamblea de Organizaciones y de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), así como activista social.
Su tema fue La importancia de la revocación de mandato como instrumento de participación ciudadana, proceso del cual dijo que no se trata de una ocurrencia nada más, sino que se encuentra dentro de la ley y se debe tenerle bastante presente porque es un acuerdo consciente de convivencia.
“A muchas y muchos de nosotros tal vez nos gustaría un ejercicio un poco más anarquista y saber que tenemos la capacidad y la calidad humana de llegar a acuerdos sin instituciones que nos digan qué hacer, pero mientras no llegamos a ese momento, un acuerdo consciente de convivencia que dejemos claro, por escrito, cómo es que vamos a vivir en sociedad, es una ventaja bastante interesante”, explicó.
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dijo Ortiz Quintana, deja muy claro que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Fue una modificación que se hizo en el 2011, apenas 11 años después, se comienzan a ver los impactos porque implica que los derechos humanos son parte de la legislación y que el gobierno está obligado a garantizar el acceso a estos.
“No es que el Gobierno sea buena onda y ahora nos deje participar, desde el 2011 es una obligación, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual ha sido firmada y ratificada por México, dice que toda persona tiene derecho a participar en el Gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos”, declaró.
Otra ponente fue Claudia Arlett Espino, doctora en Derecho por la UACH, con una especialización en Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad de Madrid en España, fue consejera electoral del Instituto Estatal Electoral (IEE) del 2015 al 2021, así como presidenta fundadora de la Comisión de Género y la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del mismo organismo electoral.
Su tema fue Órganos Electorales y Democracia Directa y señaló que en México se dieron reformas trascendentes, en 2011 con relación a derechos humanos y en 2014 en materia político-electoral, lo que genera un cambio teórico de democracia representativa a democracia directa, así como un cambio normativo a través de mecanismos de participación ciudadana con la creación de leyes secundarias en los Estados.
Dijo que una mención importante se da en la fracción 9 del artículo 35 constitucional, que habla de las consultas populares y, específicamente, de este polémico mecanismo de participación ciudadana para la revocación de mandato.
“En lo particular, creo que es muy positivo que sea polémico porque nos permite estar hablando de él, educarnos y verdaderamente estar creando cultura política, que es esta idea de que se tiene de la política, pero también de que sentimos de la política. Creo que es un gran tema para hablar precisamente de democracia directa”, declaró.
En Chihuahua, continuó Espino, la sociedad civil organizada empujó una Ley de Participación Ciudadana hace 3 años, que es la mejor en el país porque permite umbrales más o menos equilibrados para poder solicitar estos mecanismos de participación ciudadana.
El listado de mecanismos es muy amplio, a diferencia de otros estados de la República, y ya se han probado algunos, como los presupuestos participativos, audiencias públicas que se han dado en la ciudad de Chihuahua, los plebiscitos que en Juárez no se llevaron a cabo por una cuestión procedimental, pero en Chihuahua si en el 2019 y se convirtió en el mecanismo de participación más cuantioso a nivel nacional.
Ya se tenía la experiencia de Ciudad de México y Jalisco, que fueron ricas, aunque con muy poca la participación; Chihuahua los supera y, aunque el umbral era obtener el 10 por ciento para hacerla vinculante u obligatoria para las autoridades, no se obtiene ya que se llegó al 8 por ciento, pero ese porcentaje se convierte el más importante a nivel nacional.
Eduardo Barrera Herrera es licenciado en Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, doctor en Comunicación por la Universidad Internacional de Texas en Austin, profesor asociado de la Universidad de Texas en el Paso (UTEP) y ha sido catedrático del Tec de Monterrey, de la UACJ y director del Colegio de la frontera Norte (Colef) en Ciudad Juárez.
Expuso el tema Democracia Participativa 2.0, Boots y Fake News en la operación Cóndor recargada, el que tiene que ver con cómo concebimos que debe ser este ecosistema, el modelo de ética y de funcionamiento.
Lo que ha pasado, dijo, es que se han naturalizado el modelo estadounidense y se habla de esa manera, normalizándolo como que es la única versión posible que podemos aplicar.
En Estados Unidos, explicó, los medios de comunicación, desde el presidente de EE. UU., Thomas Jefferson a la fecha, se maneja como el modelo del ‘perro guardián’, decía que era preferible tener medios de comunicación libres a cualquier otro de los poderes.
Ya en 1919, el juez Wendell Holmes desarrolló el modelo de lo que se llama el libre mercado de las ideas, que establece que no se debe regular nada porque las mejores ideas se impondrán.
“Eso lo vemos tanto en derecha, como en centro e izquierda, se naturaliza, no tenemos para nada que meternos, eso está saliendo a flote ahora, sí creemos en esto, entonces pensamos que las películas, los programas de televisión, las novelas con mayor rating, son las mejores por el libre mercado de las ideas”, mencionó.
De la misma forma, los periódicos que más se venden son los mejores, todo lo que tenga mayor circulación y mayores hits, como los vídeos en Youtube que ve la gente, los que más se visualizan se cree que son los mejores.
Sin embargo, hay otros modelos alternativos, porque en ese modelo de libre mercado de las ideas no existe el ‘piso parejo’, los ‘dados están cargados’ debido a que se promueven más algunos que otros.
Añadió que existe lo que se llama un control protocolológico, que es el poder de conectar y desconectar, de que haya acceso o no haya acceso.
La semana pasada, ejemplificó, a un crítico de izquierda en los Estados Unidos, Chris Hedges, Youtube le tumbó todos los archivos, también desaparecieron de esa plataforma entrevistas con Noam Chomsky.
La última ponente fue Catalina Castillo Castañeda, licenciada en Sociología por la UACJ con maestría en Educación, es educadora y formadora en derechos humanos y participación ciudadana y tiene una trayectoria social de más de 28 años en la Organización Popular Independiente (OPI); es fundadora de la Red por la Infancia y fue consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del 2019 al 2022.
Es integrante del Movimiento de Mujeres en Ciudad Juárez y representante común del grupo ciudadano Juárez, que decide promover la revocación de mandato en el periodo 2020-2021, por eso expuso el tema Juárez Decide, la experiencia local de la revocación de mandato.
Mencionó que Ciudad Juárez es el Municipio que tiene una historia de apostarle a la participación ciudadana, algunas de ellas muy significativas en la vida democrática; por ejemplo, en el 2005, cuando todavía no existía una Ley de Participación Ciudadana en el estado, se convocó a Organizaciones de la Sociedad Civil, colectivos de cultura, academia, empresarios y militantes de partidos políticos para buscar la figura de referéndum e impedir que se llevara a cabo, con recursos del Municipio, el Plan de Desarrollo San Jerónimo, lo que se conoce como la ciudad Vallina.
El Congreso del estado negó esa posibilidad, pese a que se requerían 44 mil firmas para avanzar en el proceso y se recabaron más de 55 mil firmas con su respectiva copia electoral; les siguieron, durante los siguientes años en ese mismo sentido, el amparo colectivo para que el exalcalde, Héctor Murguía Lardizábal, no tuviera guardias de seguridad con cargo al erario público una vez que dejó de ser alcalde.
Vino la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, que es y ha sido la base que le da soporte a todas estas iniciativas ciudadanas, seguido del plebiscito aprobado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), en el que decidirían las y los ciudadanos si querían un proyecto que se llamaba Juárez iluminado, que fue aprobado por el Cabildo, para un nuevo endeudamiento para la ciudad.
Así se llega a la revocación de mandato en el 2020 con la finalidad de someter a consideración de la ciudadanía del Municipio de Ciudad Juárez la terminación anticipada del periodo de gestión del Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez.
Un grupo de mujeres de la sociedad civil inició con una conversación sobre cómo estaba la ciudad, que la administración municipal no era correspondiente ante el deterioro de las colonias, de las calles, de los servicios públicos, la inseguridad y ningún programa de prevención social era efectivo.
En febrero del 2020 organizaron un foro para la ciudadanía juarense al que asistieron más de 70 personas de diferentes colectivos, comités vecinales, del sector empresarial, ciudadanas y ciudadanos enojados por el deterioro de la ciudad.
Se acordó llevar a cabo, en tiempo y forma, la revocación de mandato del presidente como un derecho que da la Ley de Participación Ciudadana, en los días siguientes se constituye la asamblea que se llamó Juárez Decide y se desarrolló una serie de acciones, que inician con la formación de un grupo promotor que elaboraría y presentaría al IEE la solicitud.
El 10 de marzo de 2020, se presentó al IEE la solicitud al igual que otro grupo de ciudadanos con el nombre de Revocación de Mandato Juárez, representado por Jesús Alain.
En los posteriores días el IEE nos informa la aceptación de la solicitud; sin embargo, se presentan los primeros casos de personas contagiadas en Ciudad Juárez por el virus del COVID-19
La pandemia generó suspensión de todas las actividades en el mundo, el IEE cerró, quedando esta solicitud pausada; el 10 de agosto, cuando se suponía que iban a la baja los contagios del virus, el IEE reanudó el proceso y comenzó la captación de firmas el primero de septiembre, recabando en esa primera semana más de 10 mil con más de 60 auxiliares en las calles.
Para los 90 días transcurridos que marca la ley, se logró enviar más de 50 mil firmas el 13 de febrero de 2021, de las 54 mil 800 que se solicitaban.
“Nuestro mayor obstáculo fue el segundo contagio de virus COVID-19, que se dio en los meses de octubre y noviembre (de 2020), porque cerramos la captación de firmas, pero también por orden del Tribunal Estatal Electoral y el IEE, el movimiento que fue una clara tendencia a inhibir la captación de firmas, nos invalidaron 22 mil 426”, dijo.
El 28 de enero del 2021, los grupos promoventes cerraron el ejercicio con la declaración de que se demostró que con el dinero y el poder suficiente es posible comprar a las instituciones electorales y cambiar los resultados, pero no es posible cambiar las voluntades de las personas, ya que más de 50 mil ciudadanas y ciudadanos se movilizaron para hacer valer sus derechos.
Castillo Castañeda indicó que todos estos ejercicios de participación ciudadana son acciones colectivas que anularon decisiones que detuvieron actuaciones y hasta cortaron aspiraciones; de no haberse hecho, el bien común de la ciudadanía y de las futuras generaciones resultaría afectado.
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